- Acciones regulatorias de la autoridad perjudican a negocios establecidos
- Fertilizantes Agrícolas Acuagro, una de las dañadas
El 6 de diciembre de 2023 tuvo lugar, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el operativo Albatros III por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) junto con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), resultando en la suspensión de actividades comerciales a 14 establecimientos del ramo agrícola y farmacéutico.
Se ejecutaron 31 visitas simultáneas de verificación, entre las que estuvieron 16 a comercializadoras de sustancias químicas y agroquímicos, cuyos resultados se resumen en la suspensión de siete comercializadoras.
Albatros III tuvo por objetivo detectar y proceder contra potenciales riesgos a la salud en la industria que involucra productos químicos de consumo humano y producción de alimentos.
Esta nota examina la intervención en Acuagro, empresa de fertilizantes en Sinaloa, inspeccionada el 6 de diciembre de 2023, lo que provocó la suspensión de su almacén ubicado en la carretera a Navolato número 8439 poniente, en Culiacán Sinaloa.
La suspensión se fundamentó en una discrepancia administrativa: el personal inspector solicitó el «aviso de funcionamiento», pero solo se presentó una copia del documento vigente en lugar del original, lo que llevó a la institución federal a suspender la actividad comercial en el domicilio especificado.
Piden subsanar irregularidades
La empresa Acuagro, en respuesta a las instrucciones de actualizar su aviso de funcionamiento, presentó dicho documento ya actualizado, ante la Cofepris el 8 de diciembre de 2023, y ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, el 15 de diciembre de 2023.
Dan ‘periodicazo’
La empresa ya había logrado resolver las anomalías señaladas semanas antes cuando se dio a conocer un informe periodístico el 2 de enero de 2024 en el que se difundió el operativo, sin tomar en cuenta los avances en la resolución de la irregularidad por parte de la empresa; además que dicha nota periodística no mencionó la fecha en que sucedió el operativo Albatros III.
En el comunicado de prensa se menciona a Acuagro, a pesar de que, a la fecha del reporte, la empresa ya había subsanado las irregularidades descritas por la dependencia federal.
Es crítico señalar que, al momento de dicho reportaje, la sanción a la empresa Acuagro permanecía sin levantar, ignorando las acciones correctivas de la empresa y sin una fecha clara para la resolución del caso por parte de las autoridades, dejándolos en una situación de incertidumbre administrativa.
Daño moral
Erick Ponciano Knapp Ramos, director general de Acuagro, expresó su descontento por la demora de la autoridad en reconocer y actuar según la rectificación de faltas por parte de la empresa.
Criticó la decisión de informar sobre la sanción a pesar de haber solventado las anomalías, calificándola de injusta y señalando la continua suspensión de actividades como un perjuicio innecesario hacia su negocio.
«Hay daño moral y un trato injusto por la autoridad. La situación se complicó porque estamos en plena temporada agrícola en el valle», citó el directivo de la empresa.
Resultado del proceso a la posterior acción de la Cofepris, que calificó públicamente a la empresa de alto riesgo sanitario, pasando por alto que ya se habían corregido las presuntas irregularidades, la autoridad no les ha dado fecha del levantamiento de la suspensión.
El empresario resalta el impacto económico negativo y la dificultad de recuperación, pidiendo a las autoridades una resolución justa y eficiente.
Afectaciones económicas
El 8 de enero de 2023, tras permanecer más de un mes cerrados al público, la empresa sinaloense mantiene en seguimiento el tema ante la Cofepris, quienes respondieron que tienen un margen de 60 días hábiles para acudir a quitar los sellos de clausura.
Para Acuagro, mantener las puertas cerradas daña una trayectoria de casi 30 años en el mercado sin experiencias de este tipo anteriormente, y afecta el sustento de 21 familias. Con la pérdida de ventas durante el punto crítico de la temporada agrícola, el daño patrimonial se calcula en millones y el tiempo de recuperación en años.
Este caso pone de relieve la necesidad de un equilibrio entre regulación y soporte al emprendimiento local.
«Imagina las ventas de un mes. La temporada (agrícola) en Sinaloa es solamente un ciclo, invierno. El único lapso que tenemos para vender es de diciembre a marzo. Diciembre ya nos lo tumbaron, enero va contando. Ahora el daño posterior va a ser dramático, porque a los clientes que no les suministramos producto van a inventariarse en otros lados y en febrero no nos van a comprar… estamos hablando de millones en pérdidas.
»Vamos a tardar al menos dos años en recuperarnos de todo este daño patrimonial. Es completamente lamentable», añadió Knapp Ramos.
Reflexión final
La narrativa de Acuagro ilustra la tensión entre la necesidad de regulación y la protección de los derechos corporativos.
La empresa solicita una reconsideración de su situación, máxime que ya no hay irregularidad que sancionar, instando a las autoridades a reconocer el daño moral y económico infligido y a actuar de forma pronta y expedita en la solución de su situación. Lo cual ilustra la importancia de un diálogo constructivo y soluciones que armonicen la protección de la salud pública con la viabilidad económica de las empresas que cumplen con la ley.
Redacción
