El Gobierno de México aprobó el 1 de mayo de 2026 el Certificado Laboral para la Agroexportación, que obligará a productores de aguacate y berries o frutillas a acreditar cumplimiento en seguridad social y libre de deforestación. Esto a partir de julio de 2026.
La medida, promovida bajo el argumento de combatir el 87 % de informalidad en el campo, ha encendido las alarmas en el sector agroexportador. Esto significa que la certificación busca promover que los jornaleros y otro personal de campo adquiera seguridad social y derechos laborales.
Ven posible cuello de botella
Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), fue contundente: “Va a haber una cantidad muy grande de productores mexicanos que se van a tener que certificar… No va a haber capacidad del gobierno para atenderlos”.
En temporadas altas, miles de cargamentos cruzan diariamente la frontera con Estados Unidos. Exigir certificaciones sin infraestructura generará cuellos de botella logísticos que frenarán las exportaciones, advierte el dirigente.
Otro punto crítico es la trazabilidad ambiental. Esteve alertó que las verificaciones mediante imágenes satelitales “pueden dejar fuera a productores con antecedentes de cambio de uso de suelo, aunque actualmente cumplan”. Esto significa que productores que ya regularizaron sus prácticas quedarían excluidos por hechos del pasado.
Por su parte, Luis Fernando Haro, director general del CNA, subrayó la complejidad del sector, pues muchas veces los exportadores no son los productores, por lo que se tiene que certificar a toda la cadena logística: intermediarios, empacadores, exportadores y agricultores. “La responsabilidad no está claramente delimitada, lo que hace inviable una implementación ágil”, cuestiona.
Advierten carencia de infraestructura
El presidente del CNA señaló: “Si queremos formalidad, tenemos que trabajar en que tengas beneficio, no solo costos”. Ante esto, critica que las empresas pagan cuotas al IMSS, pero los trabajadores no reciben servicios médicos por falta de infraestructura, generando un doble costo que la certificación no resuelve.
La investigadora Josefina Cendejas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), explica que la certificación “no busca resolver daños socioambientales, sino mejorar la imagen del aguacate”. Cendejas advierte que, si la vigilancia gubernamental es laxa, el mecanismo corre el riesgo de volverse un requisito “voluntario” en la práctica, donde los incumplidores quedarían fuera sin consecuencias, mientras los productores que sí cumplen asumen los costos adicionales.
El CNA recomienda anticiparse: documentar origen de suelo y regularizar contratos. La advertencia es clara: sin capacidad institucional ni beneficios reales, el Certificado Laboral para la Agroexportación puede ser barrera comercial para una industria clave.
Fuentes: Diario Oficial de la Federación, Expansión, El Economista